El conflicto por el acceso de camiones de Monterrey y Apodaca al relleno sanitario de Salinas Victoria reavivó cuestionamientos sobre las finanzas y operación de SIMEPRODE, un organismo que desde hace décadas concentra una parte fundamental del manejo de residuos en Nuevo León.
El Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) volvió al centro de la discusión pública en Nuevo León después de que, el 28 de septiembre de 2026, camiones recolectores de basura de Monterrey y Apodaca enfrentaran restricciones para ingresar al relleno sanitario ubicado en Salinas Victoria.
El organismo señaló que existían adeudos municipales. Una versión difundida el mismo día reportó que Monterrey tendría un adeudo cercano a 35 millones de pesos y Apodaca de aproximadamente 19 millones. Sin embargo, la diputada local Lorena de la Garza sostuvo que Monterrey estaba al corriente y que había realizado un pago de 5.2 millones de pesos el 10 de septiembre. La diferencia entre ambas versiones es uno de los puntos que ahora se busca esclarecer.
La controversia llegó al Congreso de Nuevo León, donde se aprobó solicitar a la Auditoría Superior del Estado una revisión de la operación, contratos, ingresos y recursos de SIMEPRODE correspondientes a 2025 y 2026. También se solicitó que el director general del organismo, Francisco Andrés Silva Soto, comparezca para explicar las circunstancias que provocaron las restricciones y el manejo de los recursos.
El episodio de septiembre no es un problema aislado. En febrero de 2024, el Gobierno estatal informó que SIMEPRODE tenía una cartera de adeudos municipales superior a 300 millones de pesos y que había iniciado procedimientos administrativos para recuperar esos recursos. El propio Gobierno explicó entonces que los ingresos son necesarios para sostener los servicios de recepción, procesamiento y disposición final de residuos.
A esto se suma una problemática ambiental y vecinal. El Centro de Transferencia de SIMEPRODE localizado en Fomerrey 112, Monterrey, ha sido objeto de reclamos durante más de una década. Legisladores han señalado problemas relacionados con acumulación de residuos, malos olores y afectaciones denunciadas por habitantes de la zona. En febrero de 2026, la diputada Bertha Garza pidió nuevamente la reubicación de las instalaciones, al señalar que no se habían establecido acciones ni plazos verificables para solucionar el problema.
La historia de SIMEPRODE también está vinculada a una disputa más amplia sobre el modelo de manejo de residuos en Nuevo León. En 2022 y 2023, trabajadores del organismo protestaron contra reformas a la legislación estatal que modificaban las facultades relacionadas con el manejo y aprovechamiento de los residuos. SIMEPRODE argumentó entonces que los cambios podían debilitar al organismo y favorecer esquemas privados de disposición de basura.
SIMEPRODE fue creado legalmente en 1987 y el relleno sanitario de Salinas Victoria comenzó operaciones en 1990. Actualmente, el organismo continúa siendo una pieza central para la disposición final de residuos de distintos municipios del área metropolitana.
El episodio más reciente deja abiertas varias preguntas: cuánto adeuda realmente cada municipio, qué pagos fueron realizados y registrados, bajo qué condiciones se restringió el acceso de los camiones y si existió sustento contractual para hacerlo. La auditoría solicitada por el Congreso deberá aportar elementos para determinar qué ocurrió y si existen irregularidades administrativas.
Por ahora, el caso de SIMEPRODE debe entenderse como un problema que combina finanzas públicas, prestación de un servicio esencial, manejo de residuos, infraestructura ambiental y una disputa de larga duración sobre el modelo de gestión de la basura en Nuevo León.
